Obligación de inscribirse en el Registro de Franquiciadores

Este registro depende de la Ley de Comercio Minorista Este registro depende de la Ley de Comercio Minorista

El Registro de Franquiciadores se configura como un registro de carácter público y naturaleza administrativa a los solos efectos de información y publicidad. Este registro depende de la Ley de Comercio Minorista.

La Ley de Comercio Minorista establece la obligación para aquellas empresas que quieran desarrollar en España la actividad de franquiciadores la obligatoriedad de inscribirse en el registro establecido por las Administraciones.

En el párrafo segundo del artículo 62 de dicha Ley  se postula la obligación de comunicación a posteriori del inicio de la actividad. El plazo establecido es de un máximo de tres meses desde dicho inicio.

Esta comunicación a posteriori, en lugar de con anterioridad, se debe a la conocida como Ley Ómnibus, que pretende reducir las trabas que restringen injustificadamente el acceso a las actividades  de servicios, exigiendo que se simplifiquen los procedimientos, evitando dilaciones innecesarias y reduciendo las cargas administrativas.

Existe además la obligación para el franquiciador de entregar al futuro franquiciado la documentación necesaria con una antelación mínima de 20 días a la fecha de la firma del contrato. Con ello, el emprendedor podrá decidir libremente y con conocimiento de causa la idoneidad de la enseña franquiciadora.

Esta información precontractual abarca según el artículo 3 del Real decreto 201/2010 los datos de identificación del franquiciador, acreditación de tener concedido para España el título de propiedad o licencia de uso de la marca y signos distintivos de la entidad franquiciadora, descripción general del sector, experiencia de la empresa franquiciadora, contenido y características  de la franquicia y su explotación, estructura y extensión de la red en España y los elementos esenciales del acuerdo de franquicia.

Sanciones

Cualquier empresa española o extranjera, que desarrolle la actividad de franquiciador deberá estar debidamente inscrita en el Registro, y en el plazo indicado. De no ser así, podría ser sancionada con multas de notable consideración.

La Ley de Comercio Minorista prevé en su artículo 68 sanciones económicas que en el caso de las infracciones más irán desde los 6.000 a los 30.000 euros.

Además, también serán susceptibles de sanción aquellas empresas que comuniquen información errónea o claramente insuficiente cuando ésta se haya solicitado en conformidad con la normativa de aplicación y tenga carácter esencial, se generen graves daños o exista intencionalidad (Artículo 65.1).

Aunque la comunicación al registro de franquiciadores no condiciona el inicio de la actividad, la falta de comunicación de datos transcurrido el plazo citado sí que conllevará la correspondiente sanción.

Quedan excluidos de la obligación de comunicar datos al Registro de Franquiciadores aquellos que, establecidos en otros estados Miembros de la Unión Europea, operen en régimen de libre prestación sin establecimiento permanente en España.

En este caso, la única obligación será la de comunicar el inicio de las actividades en España, a través de la comunidad autónoma donde tenga previsto desarrollar su prestación. De no existir dicho registro autonómico, la comunicación deberá dirigirse al registro de franquiciadores del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

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